Reforma al impuesto al carbono pone en riesgo las inversiones ambientalesy la seguridad energética: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional.

El proyecto de ley de financiamiento reduce los recursos ambientales y limita las inversiones en proyectos de reducción de emisiones.

La transición energética está en riesgo por trabas normativas, falta de gas natural y ausencia de pilotos de investigación en fracking.

La deforestación aumentó un 43% en 2024, evidenciando la debilidad institucional en el control ambiental.

Medellín, septiembre 26 de 2025. En el marco del 19.º Seminario Ambiental, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Comunicaciones, TIC y TV – Andesco advirtió sobre decisiones recientes que ponen en riesgo los avances en sostenibilidad, transición energética y protección ambiental del país.

Reforma al impuesto al carbono

Desde Andesco se indicó que el proyecto de ley de financiamiento reduce del 50% al 30% la posibilidad de “no causación” del impuesto al carbono, obligando a las empresas a pagar la mayoría en dinero y limitando las inversiones en mitigación real. Además, el cambio en la destinación de los recursos recorta drásticamente la inversión ambiental, pasando de un 80% a solo 45%.

Esto representaría una pérdida de más de $407 mil millones en proyectos ambientales hacia 2026, debilitando el mercado voluntario de carbono y relegando la lucha contra el cambio climático a un segundo plano.

“El país no puede darse el lujo de retroceder en materia ambiental y energética. Necesitamos coherencia en las políticas fiscales, normativas y de transición para garantizar sostenibilidad, soberanía energética y la protección de nuestros recursos naturales”, indicó Camilo Sánchez,

presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional.

Así mismo, desde el gremio se alertó sobre atrasos de más del 55% en proyectos de transmisión y ampliación de la oferta de energía, la salida de inversionistas y la contradicción entre la política energética y las señales regulatorias.

La caída del 5% en la producción de gas natural agrava la situación, al obligar al país a importar gas, incluso proveniente de fracking en el exterior. Ante ello, Andesco indica que es necesario adelantar pilotos de investigación en fracking que permitan tomar decisiones informadas y garantizar la soberanía energética.

Sin soluciones en transmisión y gas, la transición energética se estanca; y en temporadas de sequías como el Fenómeno de El Niño, las térmicas siguen siendo indispensables para evitar apagones.Además, la deforestación sigue en aumento. De acuerdo con cifras del Ideam, en 2024 la deforestación creció en un 43% frente a 2023, donde se registraron 79.256 hectáreas, alcanzando 113.608, lo que equivale a 7 veces el área del Parque Arví en Medellín.

Entre las principales causas están el acaparamiento de tierras, la infraestructura y actividades ilícitas como los cultivos ilegales y la tala. Estas cifras reflejan una grave debilidad institucional en el control ambiental, lo que compromete la meta de cero deforestación que el país se ha fijado.

Otros desafíos ambientales

En materia de servicios públicos, Andesco reconoció que la gestión comunitaria ha ayudado a cerrar brechas en zonas apartadas, pero advirtió que ha frenado el desarrollo de proyectos estratégicos de gran impacto, como la PTAR Canoas y la PTAR de Pereira, claves para la descontaminación de ríos y el cumplimiento de metas ambientales nacionales. Estas iniciativas requieren mayor respaldo del Gobierno para garantizar su financiación y ejecución oportuna.

Asimismo, el gremio alertó sobre la política de Basura Cero, la cual desde el empresariado se seguirá trabajando por ella, teniendo en cuenta la importancia y relevancia de convertir los rellenos sanitarios en parques tecnológicos ambientales, como también como el Gobierno Nacional no ha cumplido con su bandera de ordenamiento alrededor del agua.

Finalmente, desde Andesco se hizo un llamado al Gobierno para replantear estas medidas y articularse de manera efectiva con las regiones, el sector empresarial y las comunidades, en pro de un desarrollo sostenible que beneficie a todos los colombianos