Camacol rechaza la declaratoria de emergencia económica por falta de sustento constitucional

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

expresa su rechazo a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno

Nacional, al considerar que no se configuran las condiciones excepcionales previstas en la

Constitución para la adopción de este tipo de medidas.

La situación fiscal del país, aunque retadora, no obedece a un hecho sobreviniente,

imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas. En

ese sentido, el uso de un estado de excepción no resulta jurídicamente justificado y genera

un precedente institucional que introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas

económicas.

“La emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios

de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para

enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la

seguridad jurídica”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

El ordenamiento jurídico colombiano prevé mecanismos ordinarios claros para la gestión

responsable del presupuesto público, incluyendo la reprogramación, aplazamiento y recorte

del gasto, así como herramientas de disciplina fiscal orientadas a preservar la sostenibilidad

de las finanzas del Estado. Saltarse estos mecanismos afecta el equilibrio institucional y

debilita la confianza en el marco normativo.

Para el sector constructor esta decisión envía una señal negativa a la inversión, impacta la

planeación de proyectos de vivienda e infraestructura y pone en riesgo el aporte

al empleo formal y al crecimiento económico. La construcción ha sido históricamente un motor

de desarrollo y reactivación, y requiere entornos de certidumbre y estabilidad institucional.

Camacol hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes para tomar acciones

urgentes que preserven el orden constitucional, fortalezcan los canales institucionales y

prioricen soluciones estructurales y responsables, que contribuyan a la estabilidad económica

del país sin debilitar la confianza de los ciudadanos y del sector productivo