Presidente Petro Prohíbe el Ingreso a Colombia de la Fiscal General de Guatemala y sus "Amigos Mafiosos"

​​El presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso a Colombia de la fiscal de Guatemala.​

Bogotá, 3 de junio de 2025 – El presidente Gustavo Petro Urrego ha emitido una orden directa a la canciller Laura Sarabia para expedir, a la mayor brevedad posible, un acto administrativo que prohíba el ingreso a territorio colombiano de la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, y de "todos sus amigos mafiosos".

Esta drástica decisión surge a raíz de la orden de captura internacional expedida por la Fiscal Porras contra el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez, así como contra la actual Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Según el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Velásquez y Camargo están acusados de los delitos de "asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión". Estos cargos se relacionan con sus investigaciones sobre el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, realizadas cuando ambos funcionarios trabajaban en la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), organismo adscrito a la ONU, donde Velásquez era presidente y Camargo una de sus principales asesoras.

Durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, el presidente Petro fue enfático al instruir a la canciller Sarabia: "Usted tiene que expedir el acto administrativo, que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia, y de todos sus amigos mafiosos, todos".

El mandatario justificó la medida afirmando que la prohibición de entrada a la fiscal Porras es "Por denostar de gente honesta de Colombia y por burlarse de la dignidad de Colombia". El presidente solicitó que el acto administrativo esté listo "para mañana, ojalá, o pasado mañana".

Es importante destacar que el propio Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, ya había expresado en un comunicado oficial su "rechazo enfático" a la solicitud de captura internacional, afirmando que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco "no cuenta con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional".