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La Cámara de Servicios Legales de la ANDI expresa profunda preocupación por decreto que vulnera el orden constitucional

  • Foto del escritor: William Pedraza
    William Pedraza
  • 11 jun
  • 2 Min. de lectura

La Cámara de Servicios Legales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, manifiesta su profunda preocupación frente a la expedición del Decreto No. _______ emitido el día de hoy por el Gobierno Nacional, el cual constituye una grave afectación a los principios fundamentales del orden constitucional colombiano.


A pesar de los insistentes llamados de diversos sectores de la sociedad civil, el empresariado y la academia para preservar los pilares esenciales de nuestra democracia, esta medida desconoce abiertamente el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política, y desatiende decisiones previamente adoptadas por el Senado de la República.


Este acto representa una preocupante erosión del Estado Social de Derecho, y compromete la responsabilidad de los funcionarios públicos por extralimitación de funciones, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Carta Magna.


La Constitución establece con claridad que todos los poderes públicos deben actuar dentro del marco de la ley y bajo la supremacía constitucional. El respeto por el equilibrio entre las ramas del poder es garantía de legalidad, estabilidad y legitimidad institucional.


Desde la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, hacemos un llamado urgente a la Rama Judicial para que, en el marco de las acciones constitucionales que seguramente serán interpuestas contra esta decisión, adopte las medidas cautelares y de fondo que considere necesarias para restablecer la plena vigencia del orden constitucional.


Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto por la Constitución Política como norma de normas. Solo a través del fortalecimiento de nuestras instituciones, dentro de los cauces legales, podremos avanzar hacia un país justo, libre y con seguridad jurídica.

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